Turistas quejándose por largas filas de espera, dicen temer contagiarse de COVID-19, algunos han hecho antesala hasta por dos días para poder cruzar; el rostro impotente de empleados que sienten perder sus trabajos, porque nuevamente se han quedado varados en las islas (Cozumel, Isla Mujeres) pues no hay embarcaciones; estas son algunas imágenes cotidianas de los usuarios de Winjet y Ultramar.

Desde que surgieron estas navieras que ofrecen el servicio de transbordador o Ferry entre Cancún y Cozumel e Isla Mujeres, han vivido a la sombra del poder, sorteando sus abusos en una ley que les permite actuar sin obligaciones.

“El principal obstáculo que tienen las autoridades para regular al servicio de Ferry está en la legislación, por eso hay que reformar el artículo 42 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, para así catalogar como público, ese servicio de transporte de primera necesidad” comenta la diputada Adriana Teissier.

Winjet y Ultramar solo se manejan desde su óptica mercantilista; suben el precio del servicio cuando quieren (más del 20 por ciento en plena pandemia) eligen los horarios más convenientes y trabajan siempre y cuando sea negocio, para ello, son capaces de pactar con la competencia.

“A raíz de la pandemia, las empresas bajaron frecuencia de cruces, al principio, a dos traslados por día, posteriormente se pusieron de acuerdo entre particulares para alternarse las jornadas de trabajo y realizar viajes que les convinieran económicamente, el colmo es que una de las navieras (Ultramar; aportación de quien esto escribe) ya no quiere laborar diariamente” explica la diputada Teissier.

COFECE, en su análisis de competencia económica ya resolvió que las dos navieras tienen que regresar a operar al mismo tiempo para ofrecer un mejor servicio a los pobladores así como a turistas, ya que deben garantizar protocolos biosanitarios, pues ahora los barcos navegan más allá de su capacidad, mientras los pasajeros están aglomerados en el muelle fiscal.

Pareciera que entre todas las autoridades, no hay un ente regulador; por un lado está la API, por el otro la Secretaría de Marina o la Guardia Nacional, incluso Cofepris -comparte la diputada por el Distrito 1, Playa del Carmen- pero nadie los “mete en cintura” porque hay muchos vacíos en la ley, además de no estar tipificado como servicio público.

¿Les dará tiempo de cambiar la ley, diputada? “Ya presenté la iniciativa, tiene que pasarse al pleno y aprobarse, pero eso será en la siguiente legislatura porque en periodo de receso no se aprueban iniciativas, solo puntos de acuerdo”.

Por ahora solo queda la esperanza de una solución y al mismo tiempo la desesperación para los que viven este viacrucis diario.

@elcastorviajes