“yo iba manejando; con mi mujer y mi bebé en la parte de atrás, de repente con lujo de violencia me paran, la policía me dice que por ser Uber me remitirían al corralón, yo me resisto y luego no supe más…” como esta, hay cientos de historias donde la autoridad en San Luis Potosí utiliza la violencia para agredir a ciudadanos siguiendo los dictados de la Ley AntiUber, pero algunos usuarios me comentan que es por defender a las asociaciones de taxistas.
- La seguridad potosina activa operativos para detener a todo aquel sospechoso de manejar un automóvil que preste servicio de Uber, Didi o cualquiera otra que opere mediante aplicaciones digitales. Sin embargo, la justicia arrasa parejo y como Gabino Barrera, no entiende razones.
En la capital potosina se emitió el año pasado la Ley AntiUber y acotaron de tal forma el accionar de estas aplicaciones que el 99 por ciento de los autoempleados se tuvieron que retirar u operan en la clandestinidad. Pocos cumplen con el requisito de tener un auto con antigüedad de un año con valor mínimo de 300 mil pesos, solo deben recibir pago con tarjeta, además no se permiten automóviles subarrendados.
La persecución a los conductores que operan con aplicaciones digitales resulta el “pan nuestro de cada día” en casi todos los destinos turísticos del país. Se resisten a la competencia y regularmente son un banco de votos para los candidatos a puestos de elección, por eso las autoridades suelen estar de su lado.
En otro de los casos que me envían, está el de un ciudadano que utilizando la aplicación Bla Bla Car viajó de Querétaro a San Luis Potosí, en la Central Camionera lo detuvieron, acusándolo de ser “uber”, ahora su unidad está en el corralón y le exigen 26 mil pesos de pago para liberarlo.
Por los tiempos electorales que se avecinan, pocos creen que las autoridades se puedan sentar a negociar con los representantes de las diferentes plataformas digitales y llegar a una solución. ¿Algún político que se quiera aventar ese tirito?
@ElCastorOficial
